El Ministerio de Justicia central propuso el 3 de octubre del 2018 a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia, la puesta en marcha de un programa piloto de coordinación de parentalidad para proteger al menor en situaciones de conflicto cuando se rompe la relación entre sus progenitores.

Se trata de un Servicio para familias que generalmente tienen más de un procedimiento judicial abierto y que sus disputas generan continuas denuncias buscando una solución en la sentencia judicial. Estas situaciones de alta conflictividad, representan para los Juzgados de Familia una carga excesiva de demandas recurrentes que paralizan la actividad normal de la oficina judicial.

La Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño (CNUDN), adoptada en 1989, ha modificado profundamente el contexto en el que se ejerce la parentalidad, desplazando la mirada hacia los niños, a los que concede los derechos oportunos. La Convención ha redefinido no solamente la posición del menor en la sociedad, sino también la relación entre padres e hijos. El proceso que ha desencadenado y que progresivamente se ha extendido en el mundo entero, se asemeja a una revolución pacífica, en la que han ido surgiendo figuras coadyuvantes al ejercicio de lo que se ha denominado «parentalidad positiva».

La figura está sin regular pero la mayoría de las iniciativas surgidas hasta ahora, recomiendan que esta nueva figura tenga una amplia experiencia en mediación familiar para casos de ruptura de pareja aunque dichos profesionales provengan de diversas disciplinas (derecho, psicología, trabajo y educación social, economía, humanidades, psicopedagogía).